La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
(CNDH) aseguró que solo ocho de cada 100 delitos que se cometen en ese
país son denunciados y un 99% de ellos queda impune, según un informe
publicado este miércoles por la entidad en su página web.
La CNDH informó de que su presidente, Raúl Plascencia, sostuvo una
reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, ante quienes denunció que a la delincuencia organizada que azota
México se suma la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la
procuración de justicia.
“Sólo ocho de cada 100 delitos que se cometen son denunciados (…) y
solamente uno por ciento de los ilícitos que se registran es perseguido”
por las fiscalías y llega a sentencia condenatoria, asegura la Comisión
en el texto.
De 2005 hasta la fecha, añadió, el organismo público autónomo recibió
34.385 quejas en contra de servidores de la seguridad pública federal.
Plascencia dijo también que en los últimos años se han incrementado
la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las
detenciones arbitrarias, los registros y cacheos ilegales, la
desaparición forzada y los asesinatos.
Actualmente, la Comisión investiga 2.126 casos de desaparición
forzada de personas, contabiliza 46.015 personas ejecutadas durante los
últimos seis años, así como 15.921 cadáveres no identificados y 1.421
cadáveres inhumados en fosas clandestinas.
Si en 2005 registró sólo una queja por tortura, en 2011 el número de tratos crueles, inhumanos y degradantes ascendió a 2.040.
Plascencia habló también de la crisis del Sistema Penitenciario
Nacional, que cuenta con una población de 239.760 reos y 418 centros de
detención incluidos los federales y los estatales. “El Estado eroga
enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de
criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se
encuentra en prisión”, señaló.
Las denuncias de la CNDH se producen a nueve días de que asuma el
poder el presidente electo, Enrique Peña Nieto, quien mandó al Congreso
una iniciativa para suprimir la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas
funciones se sumarían a las de la Secretaría de Gobernación.
(Con información de AFP)
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