Más de 5,85 millones de ciudadanos estadounidenses están privados del
voto en este día de elección nacional porque fueron condenados por
delitos, y permanecen sin derecho a sufragar aunque hayan cumplido sus
sentencias.
De acuerdo con ProCon.org, un sitio de internet que se ocupa de la
privación del voto, 47 % de ellos han cometido delitos violentos, 17 %
ha cometido delitos contra la propiedad y 22 % delitos vinculados con
las drogas.
Cada uno de los 50 estados tiene sus propias leyes que varían desde
Vermont y Maine, que permiten el voto aún de los delincuentes en
prisión, a otros nueve estados que restringen de manera permanente el
voto de los delincuentes.
“Quienes proponen la restauración del derecho de voto sostienen que
los delincuentes que han pagado su deuda con la sociedad habiendo
completado sus sentencias, deberían recuperar todos sus derechos y
privilegios”, añade el sitio.
Además, los que se oponen a la privación del voto en esos casos
añaden que las leyes que impiden el sufragio son injustas,
antidemocráticas y responden a motivos políticos o raciales.
Por su parte, los partidarios de esa restricción argumentan que es
similar a las que limitan el voto por razones de edad, domicilio, salud
mental, o a las leyes que impiden que quienes hayan cometido crímenes
violentos adquieran armas, o quienes han cometido abusos sexuales se
aproximen a las escuelas.
A su vez, casi tres décadas de endurecimiento de las penas por
delitos vinculados a las drogas ha multiplicado la proporción de jóvenes
y mujeres jóvenes que van a dar a prisión.
Aunque los negros son alrededor del 12 % de la población del país,
son casi 40 % de los reclusos en prisiones, y los hispanos que suman 14 %
de la población general, son 21 % de la población carcelaria.
Una vez cumplidas las sentencias, millones de negros e hispanos
quedan privados del derecho a voto que hoy ejercen más de 160 millones
de ciudadanos.
(Con información de EFE)
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