A cada rato llegan a este país disidentes de diversas naciones
para denunciar ante foros académicos, de derechos humanos e instancias
oficiales, como el Congreso, que sus gobiernos violan los derechos a la
libertad de expresión y de prensa. Piden solidaridad para presionar a
sus gobiernos a que respeten los convenios internacionales sobre este
rubro y son aplaudidos por su valentía, mientras el gobierno
estadunidense se pronuncia guardián mundial de estos derechos básicos,
promueve la libertad de expresión como parte de su retórica diplomática,
sobre todo contra países que no están alineados con Washington, y
organiza foros en los que incluye el uso de los nuevos medios
cibernéticos como nuevas herramientas de la libertad.
Pero es probable que lo que más se necesite es que periodistas y
promotores estadunidenses de la libre expresión viajen a otros países
para solicitar la solidaridad de otros pueblos y enfrentar la creciente
represión y limitación de la libertad de expresión que se ha ejercido
aquí durante la última década. De hecho, lo más difícil en el caso
estadunidense es justo que aquí, a diferencia de otros países donde es
clara la violación de estos derechos, prevalece el mito oficial de la
libertad de expresión. Los límites a esta libertad se revelan cuando se
trata de cuestiones muy delicadas, donde el derecho de la sociedad a
saber qué hace su gobierno se subordina a lo que el gobierno dicta como
necesario para proteger a esa sociedad, lo que llamanseguridad nacional.
Tal vez el suceso más claro para mostrar estos límites es el caso de Bradley Manning,
quien ha aceptado responsabilidad por la mayor filtración de documentos
oficiales secretos en la historia de este país, y a quien el gobierno
ha enjuiciado por dar a conocer a los ciudadanos la historia de las
guerras que se libran en su nombre.Este juicio no se trata simplemente
de la fiscalización de un soldado de 25 años que tuvo la osadía de
reportar al mundo externo las matanzas indiscriminadas, los crímenes de
guerra, la tortura y el abuso por nuestro gobierno y nuestras fuerzas de
ocupación en Iraq y Afganistán.
Es un esfuerzo concertado por el estado de seguridad y vigilancia para
extinguir lo que queda de una prensa libre, que tiene el derecho
constitucional de revelar crímenes cometidos por quienes están en el
poder, escribe el veterano periodista y premio Pulitzer Chris Hedges.
Hedges, quien fue reportero de guerra del New York Times y cubrió conflictos desde el mundo árabe a América Latina, escribió en Truthdig.com que
de ahora en adelante los individuos que se atrevan a intentar que el
público se entere de la verdad serán, como en el caso de Manning,
acusados de ayudar al enemigo. Agregó que “todos aquellos dentro del
sistema que revelen hechos que desafían la narrativa oficial serán
encarcelados, como John Kiriakou, el ex analista de la CIA
que por revelar el uso de la tortura por el gobierno estadunidense
empezó a cumplir una condena de 30 meses… Hay un término para designar a
estados que crean estos vacíos de información: totalitarios”.
Cabe recordar casos como el reciente suicidio del activista
cibernético Aaron Swartz, quien se dedicaba a usar sus talentos
digitales para revelar y exponer intentos de control de Internet por el
gobierno y las empresas, al enfrentar un juicio que podría acabar con su
encarcelación por décadas, o Jeremy Hammond, que enfrenta 30 meses de
cárcel por hackear presuntamente el sitio Stratfor, o el ex
funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, quien fue
investigado por revelar la recaudación secreta de datos sobre ciudadanos
estadunidenses. También está lo que alega Julian Assange, de que
Estados Unidos busca extraditarlo y enjuiciarlo por las revelaciones en Wikileaks, temor
que no carece de bases, especialmente cuando muchos altos funcionarios y
legisladores lo han acusado de atentar contra la seguridad nacional de
Estados Unidos, y el propio vicepresidente Joe Biden una vez lo llamó terrorista de alta tecnología.
Estos casos, sobre todo el de Manning, según algunos expertos en
leyes, tienen una intención: intimidar y hasta aterrorizar a informantes
y periodistas que consideren revelar información sobre asuntos
de seguridad nacional.
Hedges, junto con el documentalista Michael Moore, el intelectual Noam Chomsky
y Daniel Ellsberg, el famoso funcionario que filtró los papeles del
Pentágono –hasta ahora la filtración más grande de documentos secretos–
durante la guerra de Vietnam, se han sumado a demandas legales contra el
gobierno por una ley que, acusan, puede ser utilizada contra
periodistas al criminalizar toda interacción con lo que se
considera enemigos de Estados Unidos, bajo amenaza de la detención
militar indefinida, y otra que permite la intervención de comunicaciones
personales de estadunidenses por agencias del gobierno sin autorización
judicial.
Y esos esfuerzos no se limitan a territorio nacional. Por ejemplo,
está el caso de Abdulelah Haider Shaye, el periodista de Yemen que en
2009 reveló un ataque aéreo estadunidense que mató a 14 mujeres y 21
niños y está encarcelado debido a la intervención de Obama para evitar
que el presidente de ese país lo exculpara, como reveló The Nation el
año pasado. El semanario afirmó que mientras el gobierno de Obama
ofrece retórica sobre la libertad de prensa, ha minado los derechos de
periodistas y los informantes que los ayudan, cuyo trabajo a veces ha
puesto al gobierno en una luz negativa.
Ante la promesa de Obama de hacer que su gobierno sea el más
transparente en la historia, no pocos preguntan si eso lo determina el
gobierno o el pueblo. Nuestra libertad depende de la libertad de la
prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda, afirmó Thomas
Jefferson.
O sea, libertad condicionada por las autoridades no es libertad.
(Tomado de La Jornada)

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